El muro que divide Israel y Palestina, o la fractura que atraviesa Chipre, es la misma arquitectura de segregación que se levanta en las colonias españolas en África y en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Francia y España. Sin embargo, esta barrera difiere de cualquier otra por su contexto: el Mediterráneo, un territorio históricamente definido por el intercambio cultural y comercial. Este muro actúa como un filtro selectivo: permite el libre tránsito de mercancías y de individuos con identidad legal, mientras bloquea y criminaliza a aquellos que no son reconocidos por el sistema. Con este trabajo, documento esa barrera y sus paradojas.
En el marco mediterráneo, estados como Francia y España utilizan recintos militarizados para retener a quienes han desafiado el orden geopolítico con su viaje. Paradójicamente, son estos mismos países los que mantienen relaciones comerciales ventajosas con sus antiguas colonias. Los centros de internamiento europeos han sido concebidos, desde su origen, como “espacios de excepción de la ciudadanía”. Son zonas de suspensión absoluta de la ley, una herencia directa de la lógica de los campos de concentración donde, al quedar suspendido el derecho, todo se vuelve posible. Los Lager nazis utilizaban el término Schutzhaft o “custodia de protección”; hoy, es imperativo preguntarse si esos campos de concentración han mutado en las instituciones que encontramos en el corazón de Europa.
Las personas confinadas en estos espacios son objeto de una orden de expulsión que no se ha podido ejecutar. Estos sujetos habitan el territorio del Estado en términos físicos, pero han sido despojados de su estatuto jurídico. Se produce una ruptura violenta: su existencia física ha sido separada de su valor legal. Formalmente están expulsados, pero físicamente están presentes; están «ya en otro lugar», fuera de la frontera legal pero dentro de los muros del Estado.
El desequilibrio en la posibilidad de desplazamiento se muestra cada vez más polarizado. Es una desigualdad marcada por el peso político-económico del país de origen, que otorga más soberanía a unos individuos sobre otros. En nombre del orden social, las instituciones protegen este desequilibrio construyendo un fortín para contener a quienes anhelan los derechos vinculados a una nacionalidad superior. Fuera de esa línea fortificada, el «otro» vive sitiado y sumiso a la voluntad de su carcelero. Los grupos sociales atrincherados tras el concepto de Estado-Nación inscriben en el territorio un muro como monumento a su supuesta superioridad; barreras que, trágicamente, acaban siendo asumidas con naturalidad por quienes viven protegidos tras ellas.
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